Existe una sensación, con sustento real en algunos países,
de catástrofe, de que los derechos conseguidos pueden retroceder e incluso
desaparecer. No digo que los derechos no estén en peligro, pero creo que
debemos abandonar esa visión catastrofista y enfocar bien dicho peligro y,
sobre todo, cómo afrontarlo[1].
Para empezar, debo aclarar desde dónde escribo. Lo hago
como mujer (dejaré para otro día la cuestión del sujeto que daría para otro
escrito) y lo hago desde el feminismo anarquista que acostumbra a ser más
partidario de despenalizar, dejar de tipificar como delito una conducta o
acción (por ejemplo, la reivindicación histórica del aborto, hoy en peligro de
ser penalizado de nuevo) que de regular a través de leyes. Ya lo dijo Hobbes
(poco sospechoso de anarquista y de feminista): «Las leyes son limitaciones de
la libertad».
No me gustaría que se entendiera que soy contraria a los
derechos legales, pero me parece que debemos cambiar el enfoque respecto a su
trascendencia, ya que son derechos legales que se incumplen sistemáticamente
como todos los demás derechos (constitucionales, derechos humanos, etc.).
Quiero intentar (solo intentar) dar sentido a cosas que no tienen nombre, eso
siempre es muy arriesgado
Puesto que no soy partidaria de leyes por lo que conlleva
de limitación de la libertad (un riesgo que trataré de sortear:
coincidir con el neoliberalismo o, peor, con el tecnofascismo), los derechos solo
importan cuando los reclamamos, los usamos y los superamos en busca de nuevas reclamaciones
y libertades; solo importan si nos instan a seguir adelante. Es decir, no deberíamos
considerar como puerto de llegada el reconocimiento de un derecho. Los derechos
no son «cosas» para distribuir desde arriba, desde el Estado, sino demandas de
algo más que surgen desde abajo. No son «cosas» sino relaciones sociales y como
tales no son algo que tenemos, sino que hacemos cada día, sin esta
agencia los derechos son frágiles y dependen de los cambios de gobierno o de la
voluntad de la justicia burguesa.
Los derechos solo tienen sentido si las personas
involucradas están en posición de reclamarlos y defenderlos. La libertad, como
los derechos, es algo que solo puede ser garantizado por las mismas personas
que los reclaman. Las prácticas feministas de lucha política y social no se
pueden confundir con la institucionalización de los derechos o la igualdad
formal, por ello «la política de proclamar los propios derechos, por muy justa
u hondamente sentida que sea, es una clase subordinada de política»[2]. Las prácticas de libertad
política crean, mediante el discurso y, especialmente, mediante la acción, un
espacio subjetivo intermedio que, en ocasiones, excede el espacio
institucional. Solo cuando se produce esa situación de fuertes movilizaciones y
luchas se consiguen ampliar los espacios de libertad y autonomía de las mujeres
que, a veces, quedan regulados en forma de derechos, sin ser este su objetivo
fundamental.
Un rasgo de los derechos legales es su tendencia a
deteriorarse en artefactos legales muertos y hasta en instrumentos políticos
peligrosos cuando pierden conexión con las prácticas de libertad feministas. No
podemos compartir, como ya hemos explicado, las posiciones de un sector del feminismo
que ha aceptado la estrategia de que un cambio social se basa en los derechos
legales.
Así mismo, no podemos dejarnos cegar por las respuestas
jurídicas y centradas en el Estado a las preguntas políticas y sociales que nos
hacemos como feministas y haríamos bien en dar protagonismo a lo que las
mujeres podemos y no podemos lograr en nuestras luchas al margen de la
legalidad institucional.
[1] Este texto forma parte de un artículo más largo titulado: «Cambio social y derechos legales» de próxima aparición en la revista Crisis de Zaragoza.
[2] Afirmación con la que coincido, pese a no compartir muchos de los postulados del Colectivo de la librería de mujeres de Milán, Sexual Difference; citado en Linda M. G. Zerilli (2008): El feminismo y el abismo de la libertad. Buenos Aires, FCE, p. 187.
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